La APDHA pide el cese de la jefa de la Oficina de Extranjería de Cádiz por el caso del boliviano

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Rafael Lara , ha pedido hoy el cese de la jefa de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz por actuar 'contra la ley' en el caso del menor español cuyo padre boliviano fue repatriado.

En rueda de prensa, Lara ha considerado 'surrealista' que la Subdelegación considere que hay 'DNI de segunda clase' y se quejó de que se realice una lectura 'muy restrictiva y perjudicial para los inmigrantes'.

El presidente de la APDHA ha matizado que no se está pidiendo un reagrupamiento familiar para el padre de Xavier, sino la revocación de la orden de expulsión que pesa sobre el él, algo que le permitiría volver, ya que posee una oferta de trabajo y su hijo dispone de un pasaporte y un DNI que le otorga la nacionalidad española.

En este sentido, ha considerado 'cruel' cuestionar la nacionalidad del menor y ha argumentado que están 'violentando' la legislación del Tribunal Supremo, además de actuar con el 'mínimo espíritu humanitario'.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno ha subrayado a través de un comunicado que el mero hecho de ser progenitor de un menor español 'no supone por sí mismo excepcionalidad para conceder autorización de residencia'.

Además, han recordado que sus decisiones se rigen por el Reglamento de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre 'Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social.

Sobre este caso concreto, han precisado que el padre del menor se encontraba en España de forma irregular, por lo que se inició su procedimiento de expulsión, sin que dicha resolución fuera recurrida en vía administrativa ni interpuesto ningún recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión de su ejecución.

Asimismo, han matizado que Bolivia no reconoce otra nacionalidad a los hijos de sus naturales, nacidos fuera de su territorio, y que la madre del menor se encuentra también 'de forma irregular en España'.

Finalmente, la Subdelegación ha asegurado que la regulación de los flujos de inmigración 'sirve para combatir las mafias que se aprovechan de su estado de necesidad, tanto en el país de origen como en España, por lo que permitir este tipo de situaciones sería promover 'un efecto llamada de la emigración irregular, lo que sería una irresponsabilidad por parte del Gobierno'.